La Comisión Comunal de Saladero Mariano Cabal informó la instrucción de un sumario administrativo contra la agente comunal Carina Elizabet Payes, quien se desempeñaba como secretaria administrativa al momento del traspaso de mando del 10 de diciembre de 2025.

Según se indicó oficialmente, la decisión se sustenta en una serie de irregularidades detectadas tras la asunción de las nuevas autoridades, electas el 29 de junio de 2025. A partir del informe de estado y balance general, se identificaron inconsistencias de carácter administrativo, contable y patrimonial que, señalaron, deben ser investigadas.

Entre los principales puntos observados se encuentra la disposición de 11 inmuebles pertenecientes al patrimonio comunal, actos que debieron ser declarados nulos por su presunta ilegitimidad. Asimismo, se detectaron diferencias en los saldos de ingresos y egresos entre el 1 de enero y el 10 de diciembre de 2025 por un monto de $128.948.692,30, además de pagos no registrados en la contabilidad oficial por $4.075.948,76.

El informe también menciona la existencia de saldos negativos en cuentas bancarias comunales, un inventario patrimonial desactualizado por más de diez años y la ausencia de registros actualizados de contribuyentes y deudores.

Otro de los hechos señalados refiere a la venta de lotes del patrimonio comunal por montos considerados irrisorios —uno por $100.000 y otros por $5.000.000— sin poder acreditar en algunos casos el ingreso efectivo de esos fondos a las arcas públicas. También se advirtió la entrega de terrenos como forma de cancelación de supuestas deudas.

Desde la Comisión Comunal recordaron que, conforme a la Ley Orgánica de Comunas N° 2439, la Secretaría Administrativa es la máxima autoridad del organigrama comunal y responsable de garantizar la legalidad de los actos y la protección del patrimonio público.

En relación a cuestionamientos sobre la participación política, se aclaró que la agente investigada asistió a la mayoría de las reuniones comunales, con excepción de una, debido a un período de vacaciones.

Finalmente, las autoridades remarcaron que el sumario no responde a motivaciones políticas, sino al compromiso con la transparencia, el bien común y la defensa de los recursos públicos. El procedimiento se lleva adelante bajo los lineamientos de la Ley N° 9286, garantizando el derecho de defensa, la presunción de inocencia y el debido proceso.

Indicaron además que serán las conclusiones del sumario las que determinen eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales, y reafirmaron su compromiso con una gestión ordenada y transparente en beneficio de toda la comunidad.