El miércoles, la discusión se trasladará al Senado, donde el oficialismo intentará conseguir la media sanción del proyecto de modernización laboral promovido por el presidente Javier Milei. No obstante, persiste la incertidumbre sobre el contenido definitivo del dictamen, ya que los cambios introducidos no se darán a conocer hasta el momento de la votación, una decisión orientada a evitar conflictos que puedan entorpecer los acuerdos políticos alcanzados.

Uno de los ejes más delicados de la iniciativa es el capítulo fiscal, particularmente la reducción del Impuesto a las Ganancias para las empresas, una medida con impacto directo en los ingresos de las provincias. Este punto concentra buena parte de las conversaciones entre el Ejecutivo y los gobernadores, quienes exigen mecanismos de compensación ante una eventual merma en la recaudación. A esto se suman otros artículos que generan controversia, como los vinculados a indemnizaciones, bancos de horas, remuneraciones en especie y el fraccionamiento de las vacaciones.

En paralelo, las organizaciones sindicales siguen de cerca el avance del proyecto. La CGT confirmó una movilización en las inmediaciones del Congreso el día de la sesión, en rechazo a las modificaciones que, según sostienen, afectan los derechos de los trabajadores y el financiamiento del sistema de seguridad social.

El jueves, en tanto, será el turno de la Cámara de Diputados, que debatirá el nuevo Régimen Penal Juvenil, una iniciativa que propone reducir a 14 años la edad de imputabilidad. El proyecto es impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y retoma un dictamen que obtuvo aval en comisión el año pasado, luego de que se descartara la posibilidad de bajar el límite a 13 años ante la falta de consenso político.

La propuesta contempla un sistema de sanciones progresivas de acuerdo con la gravedad de los delitos, prioriza medidas alternativas a la prisión y establece una pena máxima de 15 años para los casos más graves. Asimismo, dispone que la privación de la libertad se aplique únicamente en situaciones de alta gravedad y en institutos especializados, sin contacto con personas adultas. En el marco de las negociaciones, el oficialismo accedió a que el Estado nacional asuma parte del costo fiscal de la implementación para las provincias que decidan adherir al régimen.

Con el acompañamiento del PRO, bloques provinciales y un sector de Unión por la Patria alineado con el Frente Renovador, el Gobierno da por asegurada la aprobación del proyecto en Diputados, lo que significaría un importante respaldo político antes del receso legislativo previsto por los feriados de Carnaval.