La Legislatura de Santa Fe se encamina a sancionar de manera definitiva, este jueves, el proyecto de ley que crea el Sistema Público Provincial de Infraestructura Tecnológica y Conectividad, denominado Red de Conectividad e Infraestructura Tecnológica. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, es definida como un “eje vertebral y piedra fundacional” para posicionar a la provincia como referente en innovación tecnológica, desarrollo territorial equitativo y garantía de los derechos digitales.

El proyecto se apoya en la reciente reforma de la Constitución provincial, que colocó a Santa Fe a la vanguardia del derecho público argentino al consagrar el acceso a la conectividad y a la infraestructura tecnológica como un derecho humano fundamental. En ese marco, la fundamentación subraya que el artículo 28 de la Carta Magna no constituye una mera declaración de principios, sino que impone al Estado una obligación positiva: adoptar medidas concretas para eliminar las brechas digitales y asegurar un acceso universal, equitativo, asequible y continuo.

La norma también recupera lo establecido en el artículo 29 de la Constitución provincial, que obliga a proteger los datos personales y a garantizar la transparencia y auditabilidad de los sistemas algorítmicos, sentando las bases de una gobernanza digital ética y centrada en las personas. “Este proyecto de ley es la herramienta estratégica diseñada para materializar estos derechos constitucionales en el territorio santafesino”, sostiene la fundamentación.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la preservación y gestión eficiente de la infraestructura desplegada a través del programa “Santa Fe + Conectada”, que permitió tender cerca de 4.500 kilómetros de fibra óptica troncal y conectar a todas las localidades de la provincia, con una inversión que superará los 87 millones de dólares. Desde el Ejecutivo advierten que esta red constituye “el sistema nervioso digital de la provincia” y que su magnitud exige un modelo de operación y mantenimiento sostenible, con costos estimados en más de 4,3 millones de dólares anuales.

En ese sentido, el texto alerta que dejar esta infraestructura sin un esquema de gestión adecuado implicaría un riesgo de obsolescencia y subutilización de un activo público vital, además de comprometer la continuidad del financiamiento internacional, en particular los compromisos asumidos ante la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

La ley también pone el foco en la persistente brecha digital que atraviesa el territorio santafesino. Según datos citados en la fundamentación, solo el 63 % de los hogares cuenta con conexión a internet, con profundas desigualdades entre localidades y velocidades promedio inferiores a la media nacional. En los distritos más pequeños, donde el interés comercial de los grandes operadores es limitado o inexistente, depender exclusivamente del mercado “significa condenar a vastas zonas del territorio al aislamiento digital”.

Frente a este escenario, la Red se plantea como un instrumento activo del Estado para articular con el sector privado, fortaleciendo el ecosistema de cooperativas y empresas tecnológicas locales. El modelo no busca competir con los prestadores, sino generar sinergias, poniendo a disposición la infraestructura troncal provincial para garantizar la conectividad de última milla y el acceso a servicios digitales de calidad en todo el territorio.

Entre los aspectos más innovadores del proyecto se destaca el esquema de contraprestación en servicios, que prioriza obligaciones de mantenimiento, soporte técnico, conectividad de edificios públicos y expansión de la red en localidades postergadas, por sobre el cobro de cánones tradicionales. Este mecanismo, según se remarca, permite transformar el gasto operativo en inversión social directa, asegurando la sustentabilidad del sistema y mejorando la calidad de los servicios públicos esenciales.

La norma establece, además, una gobernanza unificada de los activos tecnológicos del Estado, designando como autoridad de aplicación a la Secretaría de Tecnologías para la Gestión. La Red será el proveedor primario de conectividad para todos los poderes del Estado, lo que permitirá optimizar recursos, acelerar la transformación digital, garantizar la interoperabilidad de los sistemas y cumplir con los estándares de protección de datos y transparencia tecnológica.

Finalmente, el proyecto subraya que la conectividad constituye una plataforma clave para el desarrollo integral de Santa Fe, al potenciar la competitividad productiva, la economía del conocimiento, la igualdad de oportunidades educativas, el fortalecimiento del sistema de salud mediante la historia clínica digital y la telemedicina, y la modernización de las capacidades operativas en materia de seguridad. Con la sanción de esta ley, la provincia avanza hacia un marco jurídico moderno para gestionar sus activos digitales, reducir desigualdades territoriales y preparar al Estado santafesino para los desafíos de la era digital.