Tres agentes de la Policía de Seguridad Vial (PSV), pertenecientes a la Unidad Operativa 7 con asiento en San Javier, recuperaron su libertad en las últimas horas, luego de haber sido detenidos e investigados por el presunto cobro de coimas durante controles de ruta. La causa, que sacude a la fuerza de seguridad, se encuentra bajo la supervisión del fiscal de Delitos Complejos, Dr. Ezequiel Hernández, quien deberá profundizar la investigación con los uniformados en libertad.

La decisión judicial de otorgar la libertad ambulatoria a los tres implicados vino acompañada de una serie de rigurosas normas de conducta y severas medidas económicas, buscando mitigar el riesgo procesal. La Justicia impuso una pesada carga financiera a los agentes, dictaminando que cada uno deberá afrontar una fianza personal de $570.000. A esto se suma la orden de un embargo de $3.000.000 (tres millones de pesos) sobre los bienes de cada uno, una medida cautelar destinada a garantizar un eventual resarcimiento o multa.

Asimismo, las condiciones de la libertad condicional limitan drásticamente la vida pública y laboral de los agentes. Entre las normas impuestas, se destaca la prohibición de concurrir a cualquier sede de la PSV, apartándolos de su ambiente de trabajo. También se les ordenó la estricta prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas y testigos de la causa. En términos de control personal, deberán fijar domicilio de manera formal y someterse al cuidado de una persona responsable. Finalmente, como es habitual en investigaciones que involucran a personal de seguridad, se les impuso la prohibición de tener y portar armas de fuego.

Con la causa a cargo del fiscal Hernández, la investigación por los presuntos hechos de corrupción en los controles de ruta continúa su curso, mientras los tres agentes esperan el desarrollo del proceso judicial en libertad condicional, sujetos al estricto cumplimiento de las medidas impuestas.