El candidato a gobernador por Unidos para Cambiar Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sostuvo que hasta donde conoce el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no viola la Constitución ni las leyes de su país en la estrategia declarada en 2022 por su gobierno contra pandillas delictivas que tomaban parte del territorio de ese país, lo que implica un régimen de excepción con suspensión de garantías.

"Mientras fui estudiante pensaba una cosa y cuando estuve al frente de 23 mil hombres en el Ministerio de Seguridad, y de 6 mil hombres del Servicio Penitenciario, y combatís contra el delito, pensás las cosas desde otro lugar, y desde un lugar mucho más práctico. En función de lo que pude estudiar y de lo que nos informaron personas relacionadas a los organismos de Derechos Humanos que han estado allí, nos han dicho que no se viola la Constitución y que no se viola la ley, que Bukele no viola la ley, con lo cual todo lo que permita la Constitución y todo lo que permita la ley, lo vamos a hacer para resolver los problemas de seguridad pública en la provincia de Santa Fe", le dijo al diario Perfil.

Pullaro sostuvo no obstante que la política criminal definida por el presidente salvadoreño no es aplicable en Argentina. "¿Podemos hacer lo que hace Bukele? No. Bukele puede demorar a una persona 16 días solamente por averiguación de antecedentes. En Santa Fe lo podemos demorar por seis horas, todo lo que permita la ley lo voy a hacer para resolver la cuestión de seguridad".

En respuesta a una escalada de 87 homicidios en un fin de semana de marzo de 2022, Bukele lanzó su guerra contra las pandillas, bajo el paraguas de un régimen de excepción aprobado por el Congreso salvadoreño pero cuestionado por organizaciones de derechos humanos. Desde entonces han sido detenidos casi 72 mil presuntos pandilleros.

La avanzada le ha generado una popularidad positiva amplia en su país y una imagen ponderada en encuestas como el mandatario mejor visto en America Latina. Al mismo tiempo la Oficina de Derechos Humanos de la ONU planteó reiteradamente su preocupación por la extensión, una y otra vez, del estado de emergencia en El Salvador, y sus consecuencias sobre las libertades y derechos de la población. La Oficina de la ONU se hizo eco de la información de la oenegé Cristosal, que denuncia que al menos 153 presos murieron desde que se implementó el estado de emergencia en marzo de 2022.