"Es injusto que en este país la educación que recibís dependa del lugar donde nacés", reflexiona el abogado Damián Azrak en la presentación de su libro "Una teoría federal para la educación sexual integral". La expresión traza las ideas de su propuesta teórica para que los contenidos educativos y los derechos lleguen y se apliquen de una manera justa.

En diálogo con UNO Santa Fe, el magíster con título de honor en derecho Constitucional y derechos Humanos, analizó la situación particular de Santa Fe al no contar con una legislación propia para la aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI) en la provincia. Azrak trata de construir una teoría federal de por qué la ESI es un derecho universal de niños, niñas y adolescentes independientemente de la familia y de la región en la que crecen.

—En el contexto federal, ¿en qué estado está la provincia de Santa Fe en cuanto a educación sexual integral? ¿Qué pudiste analizar con tu visita?

—La visita es muy valiosa. Lo más lindo de viajar es que uno se encuentra con la realidad, contada por quienes viven en la provincia. Lo que puede encontrar es una necesidad de, como me dijo la militante Mabel Busaniche, que Santa Fe esté nuevamente a la vanguardia de tener una ley local que eleve los pisos de la ley nacional. Eso encontré del movimiento de mujeres, diputados, diputadas que están luchando por eso y se encuentran con los frenos de movimientos conservadores. Me contaban que la Cámara alta en el Senado es donde está precisamente el freno. Después lo que veo desde antes de venir es que Santa Fe no tiene una ley local, pero sin embargo la ley nacional está vigente.

"Lo que tiene que hacer la provincia, –continuó–, es una ley local que eleve esos pisos, pero no es que no existe la ley en la provincia, sino que la ley nacional como ese orden público se rige. Después algo que comento en el libro es un mapa de Santa Fe donde se ven las inversiones por cada niño y niña en su provincia. Santa Fe tiene uno de los presupuestos asignados, presupuestados y ejecutados más bajos del país. Tiene 2,19 pesos en 2019 frente a la provincia de Buenos Aires 3,49; 75,38 en Ciudad de Buenos Aires; 2,73 en Entre Ríos. Me parece que es importante también ver que no es solo necesario una ley provincial, sino que una vez que esta exista (o no) es que ejecuten y asignen presupuestos porque los derechos salen plata. Como todos los derechos: económicos sociales y culturales, etc. Y sin asignación presupuestaria no hay posibilidad de ejercerlos o que sean efectivos".

Azrak estuvo presente esta semana en la Legislatura santafesina por invitación de la diputada provincial Gisel Mahmud, autora de la Ley provincial de Educación Sexual Integral en Santa Fe. La imagen es gentileza del equipo de Mahmud.

—Para aplicar una educación sexual integral de un modo federal, ¿qué tiene que hacer el Gobierno Nacional, desde el Ejecutivo?

—Una perspectiva federal, no clásica, sino más dialógica que implique las conversaciones entre las provincias, entre la ciudadanías, entre los poderes, el Gobierno Nacional tiene que hacer varias cosas: una es que desde el Poder Legislativo se actualice, aún con los riesgos que eso implica en este momento una ley de educación sexual. Se podría hacer monitoreo legislativo, una comisión especializada en poder observar qué sucede en cada provincia. Algo de eso está haciendo el Poder Ejecutivo Nacional con el Observatorio Federal de ESI. Tuvo una gran inyección al momento de la creación y después se frenó. Ahora está tratando de reactivar según las personas que trabajan en ese lugar. Es poder hacer un monitoreo, que me parece fundamental la participación de la sociedad civil que denuncia situaciones. Porque es muy difícil tener conocimiento de qué sucede dentro de una provincia o adentro de una escuela, entonces ahí la sociedad civil organizada, los adolescentes que ejercen sus derechos pueden decir qué es lo que está pasando.

"Después el Poder Ejecutivo mediante el Consejo Federal, –advirtió–, me parece que tiene que fortalecer los vínculos en las provincias y poder lograr que se cumpla con los lineamientos. El Poder Judicial nacional, la Corte Suprema en este caso, haciendo un análisis de cuando hay choque entre dos normas provinciales y locales, cuál es la que debe regir. La que debe regir es la que garantiza más derechos. Entonces el gobierno nacional, en todos sus poderes, tiene la obligación de garantizar derechos. Y uno de los grandes desafíos que tiene para romper la estructura federal, o las excusas federales de las provincias, es hacer campañas de difusión serias de ESI a nivel nacional. Que eso, independientemente del lugar donde nacés, puedas acceder a cierta información clara".

—¿Cuáles son las mayores resistencias a la ESI? ¿Son diferentes las resistencias a la aplicación de la ESI en las distintas partes del país?

—Hay resistencias que son propias de la cultura. Hay provincias que son históricamente más conservadoras que otras, o tienen una relación con la religión más profunda. Pero en este momento hay algo que cruza todo que es el rebrote de los movimientos más conservadores machistas que se oponen mediante el apoyo de ciertas iglesias pero también de movimientos políticos como los libertarios. Se autollaman libertarios, que contradicen el propio nombre de lo que el movimiento libertario en términos conceptuales son la resistencia a que se metan en la vida familiar, en la educación de sus hijos y sus hijas. Me parece que hay algo que cruza todas las provincias que es esta idea de "con mis hijos no se metan". Está apoyada por los grupos más conservadores que utilizan herramientas, con apoyo económico, con gran efectividad en el Poder Judicial. Tanto para la aplicación de la ESI, la interrupción voluntaria de embarazo con los protocolos y la Corte Suprema tiene un caso que se inicia en Córdoba y tienen apoyo de los abogados y abogadas más importantes porque tienen plata para pagarles. Además esos abogados pertenecen a ciertos núcleos sociales.

"Entonces me parece que la resistencia proviene más de ahí, –advirtió. De estos grupos conservadores que están muy organizados, hacen marchas, tienen acceso a medios y además usan el Poder Judicial y tienen presencia en las legislaturas nacionales y provinciales".

Azrak estuvo presente esta semana en la Legislatura santafesina por invitación de la diputada provincial Gisel Mahmud, autora de la Ley provincial de Educación Sexual Integral en Santa Fe. La imagen es gentileza del equipo de Mahmud.

—Para una aplicación de la ESI, ¿con qué se tiene que dotar al cuerpo docente?

—La función del Ministerio de Educación es fundamental. Debe repartir, que en un momento lo hacían, cuadernillos nacionales donde se eduque a los docentes y las docentes y generen una participación de diálogo interprovincial. Conocer experiencias compartidas de cómo afrontan los desafíos que tienen las escuelas con los nuevos códigos de la pandemia, que generó un quiebre en la relación del docente con los alumnos y los alumnas, y la virtualidad.

"¿Cómo se tratan en estos casos? ¿Qué herramientas de la virtualidad se pueden usar para romper con las estructuras de violación de derechos hacia dentro de la familia, sobre las escuelas o instituciones deportivas?, –se preguntó. Uno de los grandes desafíos que tiene los poderes nacionales y provinciales es tomar en serio a las y los docentes. Que son quienes ponen el cuerpo a la realidad y son las primeras y fundamentales líneas de escape a la violación de derechos. Tener instancias de participación, diálogo, y repartir materiales para la educación sexual es responsabilidad estatal. En el sentido de igualar a todos los docentes y a las docentes de recibir información de calidad".

—La ley nacional de ESI, ¿está actualizada?, ¿es necesario revisarla?

—La ley es de 2006. Después de eso vino la ley de matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo, la ley de identidad de género. Si bien esta ley podría ser leída dentro de estos nuevos parámetros podría ser revisada con otras funciones. Hubo proyectos a nivel nacional donde se intentó. El movimiento feminista muchas veces se opone a estas revisiones por el temor que implica abrir una discusión sobre ESI en el marco de todos estos grupos conservadores. Habría una discusión en el marco de las reacciones conservadoras que muchas veces puede salir al revés. Es una necesidad revisarla, pero si no se la revisa, es cómo debe ser leída. La ley genera pisos que pueden ser elevados por todas estas nuevas leyes que vinieron a reconocer y a garantizar derechos producto de la lucha feminista.

—¿Cómo son las experiencias en el resto de las provincias en la aplicación de la ley de ESI?

—Hoy existe una ley nacional, pero lo que sucede es que después tenés una realidad totalmente distinta en las 24 provincias. Cuando hice el libro, cinco habían adherido. Ahora son seis porque Tucumán adhirió. Después hay normas que integran algo de educación sexual. Por ejemplo en Santiago del Estero no se puede saber en qué situación está en términos de ley, no existe una resolución alguna. San Luis tiene un decreto que es menos valioso que una ley porque depende de la voluntad a discreción del Poder Ejecutivo.

"Lo que se ve a nivel nacional, y cómo se incorpora la ESI en cada provincia, es una fragmentación de derechos con reconocimientos diversos. Eso no hace el concepto de un solo país para un solo pueblo, sino que violenta el derecho a la igualdad", concluyó.