El fiscal federal Diego Luciani inauguró el alegato del Ministerio Público Fiscal (MPF) en el juicio por la causa Vialidad anticipando que considera probado que Cristina Fernández encabezó una asociación ilícita que defraudó al Estado. Con esta afirmación dejó expuesto que pedirá su condena y la del resto de los imputados por los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública.

Luciani aseguró “tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se trató de una organización que con una figura de espejo replicó en la clandestinidad un organigrama del Estado.

Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos en paralelo al plano legal pero valiéndose de sus competencias, prestaron los aportes necesarios”.

A su vez indicó que “al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”.

Así arrancó la primera de las 9 audiencias solicitadas por la fiscalía en el proceso oral a cargo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. El veredicto podría conocerse antes de fin de año.

En este expediente se investigan presuntas irregularidades en 51 obras viales a cargo del Grupo Austral en la provincia de Santa Cruz. Los 13 procesados son además de la ex presidenta, el titular de grupo empresario Austral Construcciones, Lázaro Báez; el exministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del expresidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner; el Director Nacional de Vialidad, Nelson Periotti; los ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, Raúl Daruich y Mauricio Collareda; y los ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez.

Varias veces Luciani remarcó que "los expedientes hablan, no solamente hablan, gritan esos expedientes. Las licitaciones fueron direccionadas, se impedía la concurrencia de verdaderos oferentes, competían empresas del mismo grupo de Lázaro Báez, lo cual está expresamente vedado (...) y las empresas que acompañaban eran una ficción, eran una fachada."

Tal vez la revelación más fuerte de su alegato se dió cuando mostró los chats del teléfono secuestrado al ex secretario de obras públicas, José López.

Los peritajes descubrieron que cuando el kirchnerismo perdió las elecciones en el 2015, López envió un mensaje al ex presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, que hablaba de “limpiar todo, no dejar sensación de fuga, nunca más retomar las obras.”

El fiscal dijo que “desde la quinta de Olivos y Santa Cruz se coordinaron los últimos pagos que se debían a Lázaro Báez”, y que tras el análisis de los mensajes surge que “fue una idea gestada y avalada por la propia Cristina Kirchner”.