Los productos de gestión menstrual representan un mayor costo económico para las personas menstruantes, ampliando las desigualdades sociales, determinó un informe de la Dirección de Economía, Igualdad y Género.

En Argentina, más de 12 millones de mujeres, varones trans y no binaries utilizan Productos de Gestión Menstrual (PGM) considerados de primera necesidad, sin embargo, en términos económicos su costo profundiza las desigualdades sociales.

"Los productos de gestión menstrual (PGM) representan un costo para las personas menstruantes, siendo, a su vez, la porción de la sociedad con menores ingresos, mayores niveles de precarización, desempleo y pobreza", destacó el informe elaborado por la Dirección de Economía, Igualdad y Género (DNEIyG)

En Argentina, el costo anual de toallitas, tampones, copas u otros representa entre $4.028 y $5.135, según los datos actualizados de la DNEIyG.

Asimismo, esta situación empeoró con la pandemia e impactó significativamente en la economía de los hogares, ocasionando que 7 de cada 10 personas modifiquen sus hábitos en el uso de estos productos por motivos económicos.

"De este total, más del 70% tuvo optar por marcas o productos más económicos, mientras que el 26% debió comprar menos cantidad y optimizar su uso", señaló el documento.

A las barreras económicas en el acceso, se suman la falta de acceso al agua e infraestructura que afecta principalmente a las poblaciones que no tienen servicios de higiene, sanidad y agua, recurriendo a alternativas nocivas para su salud.

"Durante los meses más difíciles de 2020 en medio de las medidas de emergencia por la Covid19, muchas mujeres afirmaron haber utilizado trapos, remeras viejas u otros elementos no destinados a la gestión menstrual dada falta de acceso a los PGM", señaló el documento.

Además, añadió que las extensiones de las redes de agua potable son fundamentales para garantizar el acceso a una gestión menstrual saludable.

"El 88% de la población contaba con acceso a agua por red, sin embargo en los barrios populares, el acceso formal a servicios de agua alcanzaba sólo al 11,6%", de acuerdo a estimaciones del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, en el año 2019.

Por otra parte, el reporte destacó el resumen de políticas "Justicia menstrual", presentado por el Ministerio de Salud de la Nación, que identifica el impacto directo de la gestión menstrual, abordando la seguridad, efectividad, aceptabilidad e infraestructura necesaria para el uso de PG.

Este material reconoce que la provisión de productos de higiene menstrual a sectores vulnerables tendría un efecto positivo en la equidad pero a su vez, advierte que la provisión de copas menstruales puede afectar negativamente en estos sectores por la falta de infraestructura e higiene.

Otro obstáculo que dificulta la correcta gestión menstrual es la distancia territorial a los centros de salud para consultas médicas y chequeos periódicos correspondientes.

Por último, la ausencia de instalaciones sanitarias y productos adecuados para la gestión menstrual produce ausentismo laboral y afecta las condiciones de desigualdad estructurales en su inserción económica.

"Las mujeres enfrentan condiciones de desigualdad estructurales en su inserción económica: ganan 28% menos en promedio que los varones, tienen trabajos más precarios y presentan mayores tasas de desempleo".

De este modo, el costo de menstruar "se enmarca en otras formas de desigualdad", que recae sobre los ingresos, "siendo un obstáculo para estudiar o trabajar", concluyó el informe.