Catorce jefes provinciales del PJ y tres aliados acaban de formalizar su constitución como espacio con juego propio en la interna del oficialismo. La “Liga de Gobernadores y Gobernadoras” -presentada así, en ese orden- había realizado hace dos semanas un encuentro más bien preparatorio y ahora hizo una movida sustancial en el tablero de poder: a la reivindicación general de federalismo, sumó reclamos al Presidente por temas sensibles como la inflación y el increíble conflicto del gasoil. Tomaron distancia. Y para completar, añadieron algo de tensión al frente abierto por Cristina Fernández de Kirchner por la administración de los planes sociales.

Ese último punto fue incluido en la declaración de los gobernadores casi como enunciado, pero en la línea de reclamar mayor espacio de las provincias en las políticas efectivas de asistencia estatal. Las cifras de planes crecieron en los dos últimos años -más que se duplicaron en conjunto, según estimaciones ajustadas globalmente- y aumentaron de manera significativa en el interior, como expresión de la crisis. Los jefes provinciales no quieren quedar al margen de las decisiones o en papel secundario cuando se trata del manejo de medidas de “contención social” en sus propios territorios.

Se trata de un malestar doble: frente al mecanismo de dependencia de decisiones nacionales y ante la posible intermediación de organizaciones sociales. Algo parecido reproducen los intendentes, incluso frente al poder provincial. Esa trama política es compleja. A nivel de los gobernadores, trasciende que los principales impulsores del reclamo son Jorge Capitanich -anfitrión de la cita de ayer, con aspiraciones para el 2023- y Axel Kicillof, pero el mensaje no puede ser leído exclusivamente como un guiño a CFK.

Hay cruces de intereses, aunque algunas veces son compartidos. La ex presidente reclamó que los programas sociales no sean “tercerizados” por los movimientos aliados de Alberto Fernández, en un mensaje que combinó otra carga directa sobre Olivos y el tendido de un puente con gobernadores e intendentes. En la Provincia de Buenos Aires, ya existen gestiones para unificar posiciones con jefes locales.

Corte de ruta, cerca de San Nicolás. Camioneros reclaman por el abastecimiento de gasoil.

Los cálculos sobre alineamientos nacionales son variados. Asoman, en todo caso, dos datos salientes. El primero, es que se aceleró la toma de posiciones internas. El segundo, y en el mismo plano, es que los gobernadores se distancian de Olivos sin disimulo. Si alguna vez fueron imaginados como principal sostén del Presidente en la disputa doméstica -un contrapeso del kirchnerismo duro-, ya no es el caso. Es un salto precedido por versiones sobre la posibilidad de adelantar las elecciones en sus distritos. Otra forma de despegarse de los costos del Presidente, a quien le reclamaban más gestión y mayor decisión política.

Con todo, se ha dicho, es un posicionamiento para afirmarse como espacio en sí mismo. Las dos demandas que acaban de hacer públicamente apuntan a la gestión presidencial, pero una de ellas, vinculada con el área energética, roza la línea de tensión entre el Presidente y el kirchnerismo. El documento fue firmado por 14 provincias en manos peronistas, dos aliados habituales (Santiago del Estero y Misiones) y Río Negro como última incorporación. No participan Córdoba y, por ahora, tampoco Santa Fe. Juan Schiaretti mantiene distancia y planes propios, y Omar Perotti se mueve con cautela.

La reeditada Liga reclamó de manera más apremiante un “plan concreto” para resolver el extendido problema de abastecimiento de gasoil y para “generar las condiciones de inversión y planificación” que eviten el mismo cuadro el año próximo. Se trata de un terreno que expone disputas entre el círculo presidencial y el kirchnerismo, con dominio específico del área de Energía. No es nuevo y remite, entre otras escalas previas, a la reducción del corte de biodiésel, tema de conflicto cuando se aprobó hace un año la ley de combustibles. Ahora, en medio de esta crisis, tuvo que ser ampliado ese corte, no lo suficiente a juicio de los productores. Son recordatorios que se hacen desde Córdoba y Santa Fe, además del grueso de Juntos por el Cambio.

El otro planteo directo anotado en el documento de los gobernadores oficialistas estuvo dirigido sin vueltas a la gestión de Economía. Alertó sobre el impacto socialmente corrosivo de la escalada de precios y pidió medidas “efectivas” para contener y desacelerar la inflación. La toma de distancia en este punto fue explícita desde el punto de vista político. Destacó que el proceso inflacionario afecta “el desenvolvimiento de las políticas públicas en nuestras provincias”. Expuso así la pretención de circunscribir los costos al gobierno nacional.

CFK lleva su juego interno más allá del desmarque entre socios: critica con dureza desgastante, como apuesta a encabezar o al menos vertebrar una opción para el 2023, con el cortinado de experiencias de izquierda en la región. Los gobernadores toman distancia, pero con otra perspectiva y en algunos casos con reproches sobre la falta de firmeza presidencial en la disputa interna.

Es una etapa de cuidado de los espacios propios. Tal vez la mayor señal surja de las cercanías de Olivos. Las organizaciones sociales más próximas al Presidente y con funciones en la gestión piensan en las batallas que vienen, no en alineamientos automáticos. El Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie trabajan en la integración y lanzamiento próximo de una organización como partido, para dar pelea el año que viene por las candidaturas y con foco en Buenos Aires.

Los tiempos se aceleran, para todos.