A partir de un proyecto presentado por la diputada provincial del bloque socialista Lionella Cattalini, la Cámara de Diputadas y Diputados resolvió este jueves invitar al ministro de Seguridad, Jorge Lagna, a concurrir al recinto para brindar un informe sobre el avance de la aplicación de la Ley N°14.070 de Emergencia en Seguridad Pública y en el Servicio Penitenciario.

En la misma sesión se aprobó una iniciativa de la diputada Clara García, para que el gobierno cumpla su obligación de contestar dos pedidos de informes presentados el año pasado (uno de García y otro de Cattalini), en los que se solicitan detalles sobre el destino de los $3.000 millones enviados por Nación en diciembre de 2020 para atender la crisis de seguridad. Asimismo, la legisladora inquirió sobre los avances en relación a la inversión en tecnología que el oficialismo anunció a principios de 2021.

“En virtud de que se cumplen seis meses de la sanción de la Ley N°14.070, entendemos que es una instancia fundamental para que el Poder Ejecutivo rinda cuentas de lo que hizo en este tiempo con los recursos que le fueron otorgados y para analizar la información que traiga el ministro cuando acuda a la Legislatura”, señaló Cattalini, quien adelantó algunas de las cuestiones sobre las que indagarán al funcionario.

“Nos reunimos con el secretario de Asuntos Penitenciarios (Walter Gálvez) y vimos que la falta de ejecución presupuestaria es notoria”, afirmó la legisladora, al tiempo que dio ejemplos puntuales: “Que de 1.800 plazas carcelarias anunciadas no se ha podido habilitar ni una y que haya presos con catering vip habla de una falta de gestión importante”.

GARCÍA PIDIÓ QUE EL GOBIERNO “INFORME” Y “GESTIONE”

A su turno, García reiteró el pedido de información al Ejecutivo sobre la licitación de un sistema de tecnológico para equipar las fuerzas de seguridad, cuyos fondos fueron otorgados por el gobierno nacional en septiembre de 2020 y 21 meses después todavía no se ha concretado. “El ministro (de Gestión Pública, Marcos) Corach nos acusa vía Twitter de que no estamos informados cuando, en realidad, el gobierno nunca nos contestó dos pedidos de informe que presentamos previamente y es por eso que insistimos en saber qué hicieron con los 3.000 millones de pesos que el presidente Alberto Fernández anunció en para la seguridad y llegaron en diciembre de 2020”, apuntó.

El proyecto aprobado es una solicitud al Ejecutivo para que cumpla con su obligación constitucional y convencional de responder sendos pedidos de informes presentados por la propia García (Expte. Nº 42.329) y por Cattalini (Expte. Nº 45.242) aprobados por la cámara baja, referidos a dicha inversión.

“Nos resulta extraño – afirmó García-, que el gobierno no haya presentado ningún avance de esa mega licitación en tecnología de la que habla cuando se trata de una inversión tan importante (casi $4.000 millones), y solo muestran unas cajas de cartón cerradas, pedimos informes y no responden, y tienen la Ley de Emergencia en Seguridad para darle más agilidad a la gestión y parecen no saberlo. Gestionen”, reclamó para finalizar.