La Corte Suprema de Justicia rechazó este martes los recursos que presentó la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner para hacer caer el juicio oral en su contra por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez en la causa Vialidad. El fallo fue por unanimidad, con los votos del presidente Horacio Rosatti, y de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

Con la decisión del Alto Tribunal, quedó avalado el juicio oral en el que la vicepresidenta está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que se dedicó a beneficiar con obras públicas al empresario Báez con contratos a favor de la empresa Austral Construcciones. Durante la investigación del caso, la Justicia detectó todo tipo de sobreprecios e irregularidades en la adjudicación de los contratos. Además de la vice y el empresario están siendo juzgados Julio De Vido y Carlos Kirchner -primo del ex presidente-, entre otros.

El pronunciamiento también resulta oportuno, ya que el juicio está por entrar en su etapa final: el 11 de julio el Tribunal Oral Federal 2 comienza los alegatos en los que las partes piden condenas o absoluciones. Luego será el veredicto que está previsto para antes de fin de año.

Los recursos sobre los que se expidió la Corte Suprema llegaron a ella porque previamente fueron rechazados en las instancias anteriores, tanto en el Tribunal Oral Federal 2 como en la Cámara Federal de Casación Penal.

En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para la provincia de Santa Cruz. Entre ellas el pago de sobreprecios, compañías que no estaban capacitadas para hacer los trabajos y el pago total cuando no estaban terminadas, entre otras.

Junto con Cristina Kirchner y Báez están acusados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y ex funcionarios nacionales y de Santa Cruz del área de vialidad.

El proceso comenzó en mayo de 2019 en los tribunales de Comodoro Py a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. El fiscal es Diego Luciani. Una semana antes de su inicio, Cristina Kirchner anunció su candidatura como vicepresidenta para las elecciones de ese año con Alberto Fernández en la fórmula. El Presidente de la Nación fue uno de los testigos en el juicio y negó cualquier irregularidad en el caso.

Según consta en el expediente, Báez concentró en Austral Construcciones, que fundó apenas un mes antes de la llegada de Kirchner al gobierno, alrededor del 90% de la obra pública que iba de Vialidad nacional a Vialidad provincial. En las licitaciones que no ganaba, se asociaba con el ganador y así se quedaba con casi todas las obras. Además, cobraba anticipos de dinero a pesar de que no se corroboraban los avances en los trabajos.

Desde que arrancó el juicio, la vicepresidenta fue presentando una serie de recursos para que intervenga el máximo tribunal e impedir que se siga desarrollando.

Las presentaciones que realizó su abogado Carlos Beraldi en la Corte se apoyaron principalmente en tres argumentos. Uno, que el delito ya fue juzgado en Santa Cruz, donde Báez fue absuelto. El segundo sostiene que en el caso intervino una sala de la Cámara de Casación en lugar de la que debía hacerlo. Y el tercero sostiene que es necesario extender el peritaje y que abarque todas las obras cuestionadas. Otros dos refieron a que no se hizo lugar a todas las pruebas que la defensa pidió, y a la actuación de un perito oficial en el caso.

Durante el juicio se peritaron cinco obras, elegidas de manera aleatoria, y en todas se detectaron sobreprecios, atrasos y pagos arbitrarios, entre otras irregularidades.