Argentina atraviesa una situación crítica en materia de salud mental. El último Boletín Epidemiológico Nacional de 2025 confirma que, en un período de 944 días —del 1° de abril de 2023 al 31 de octubre del año pasado—, se registraron oficialmente 22.249 intentos de suicidio. La cifra equivale a 24 intentos diarios o, en términos más crudos, uno por hora. Se trata, además, de un registro parcial: solo contempla los casos que ingresan al sistema formal de notificación, mientras organizaciones sociales y sobrevivientes advierten que la magnitud real es considerablemente mayor.

Según el informe difundido por el Ministerio de Salud el 29 de diciembre, el 95 por ciento de los intentos (20.928 casos) no tuvo resultado mortal, mientras que 1.218 personas fallecieron. La relación estadística indica que por cada 17,2 intentos no fatales se produce una muerte por suicidio. No obstante, los datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad complejizan el panorama: solo en 2024, 4.249 personas se quitaron la vida en el país, consolidando al suicidio como la principal causa de muerte violenta desde hace al menos dos años.

El impacto del fenómeno no es homogéneo. El Boletín Oficial señala que 13.484 intentos notificados correspondieron a mujeres, aunque el riesgo de consumar el suicidio es cinco veces mayor en varones. En cuanto a la edad, los adolescentes y adultos jóvenes concentran la mayor vulnerabilidad. Las tasas más elevadas se registran en los grupos de 15 a 19 años, con 124 casos cada 100.000 habitantes, y de 20 a 24 años, con 114 casos cada 100.000, lo que enciende una señal de alarma sobre la salud mental juvenil.

Desde abril de 2023, el intento de suicidio es un evento de notificación obligatoria en el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria (SNVS). Por ese motivo, el propio documento oficial advierte que los datos actuales no pueden considerarse aún plenamente representativos de la realidad, sino que reflejan, en parte, el proceso de implementación de la ley y el aumento en la adhesión al sistema de vigilancia, más que un incremento real de los casos.

El análisis temporal muestra picos preocupantes. Febrero de 2025 fue el mes con mayor cantidad de intentos notificados (1.084), cifra que volvió a incrementarse en septiembre (1.294), un patrón similar al observado durante 2024. Del total de personas que intentaron suicidarse en el período 2024-2025, más de la mitad —10.154 casos— requirió internación, y al menos 522 personas ingresaron a unidades de cuidados intensivos, aunque la falta de datos completos impide dimensionar con exactitud la demanda asistencial.

En este contexto, la respuesta del Estado aparece tensionada por recortes e incumplimientos. La Ley Nacional de Salud Mental, que cumplió diez años de vigencia, establece que al menos el 10 por ciento del presupuesto total de salud debe destinarse a políticas y programas de salud mental, incluyendo la prevención del suicidio. Sin embargo, un reciente informe de la Fundación Soberanía Sanitaria advierte sobre una crisis estructural que afecta al menos a once provincias.

El documento describe un escenario marcado por la imposibilidad de muchas personas de afrontar copagos o acceder a medicamentos con descuento, demoras de varios meses en la asignación de turnos y serias barreras para acceder a internaciones, especialmente en casos vinculados a consumos problemáticos. Como consecuencia, la demanda en el sistema público de salud se incrementó en más del 12 por ciento.

El informe también cuestiona el desfinanciamiento del Programa Remediar, que abastece a miles de centros de atención primaria en todo el país. Afectando a unos 17 millones de personas y derivaron en la suspensión de la entrega de psicofármacos en varias jurisdicciones.

“La crisis de salud mental en Argentina presenta una gravedad creciente que requiere respuestas urgentes y estructurales”, concluye el documento. La combinación de decisiones gubernamentales, falta de inversión sostenida y deterioro de las condiciones de vida no solo profundiza la emergencia, sino que también genera retrocesos en derechos y en el acceso efectivo a la atención, golpeando con mayor fuerza a los sectores más vulnerables de la sociedad.